Ángela Briceño Bautista
Imagen: Cortesía Carlos Bonilla
La docencia resulta una aventura diaria: educar niños y jóvenes, ser “segundos padres”; tiempo extra preparando material; capacitación (quienes adelantan su posgrado); pero sobre todo, como lo asegura Marcela Díaz* (33), docente de una institución educativa del sector público en el municipio de Villa de Leiva, Boyacá, y Magíster en Educación, “luchar contra la corriente: muchas veces los padres no se comprometen con el proceso de sus hijos y, sin generalizar, por su manera de pensar perciben al docente como enemigo”. Retos que, para el profesor promedio en Colombia, no son compensados justamente.
Y es que el salario del “profe” en el país depende del nivel de “escalafón docente”, descrito en el Artículo 19 del Decreto 1278 de 2002 como el “sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y superación de competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional”. Para esto, se adelanta el proceso de ascenso mediante la III cohorte de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa 2018-2019 (ECDF), definida por el MEN, como “una evaluación de ascenso y reubicación aplicada de forma voluntaria a los educadores regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002”.
La prueba, oportunidad de mejora salarial para docentes nombrados, inscritos en el escalafón docente, con tres años cumplidos de servicio y con una calificación mínima de 60% en las dos últimas evaluaciones anuales de desempeño, comenzó en diciembre de 2018 con la compra del Número de Identificación Personal (NIP) y posterior inscripción. Según cifras del MEN, “90.360 educadores adquirieron el NIP con el fin de participar en el proceso de la evaluación, lo que representa 40.228 NIP más en comparación con la II cohorte”.
El proceso continuó con un registro de 40 minutos de clase; para Marcela, “si uno prepara la clase se la goza; pero esta es una evaluación subjetiva, que depende mucho del par evaluador; también estamos sujetos al presupuesto nacional”. El vídeo vale un 80% de la prueba, en la que también suman autoevaluación, evaluación anual de desempeño y, según el cargo docente o directivo, una serie de encuestas.
Negociar con un camarógrafo, definir grupo y tema de clase, dejar los nervios de lado y sobre todo seguir los criterios de evaluación: contexto, reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, puesta en escena y ambiente, fueron las tareas. Para Marcela, “es algo ambiguo, difícil de evidenciar y sintetizar en 40 minutos. Sólo queda esperar los resultados finalizando este año”. La docente reconoce que la propuesta es un avance, teniendo en cuenta la prueba escrita con que se evaluaba anteriormente, que más allá de medir conocimientos, no demostraba la capacidad de transmitirlos. Aclara que nunca será tan fácil escalafonar como lo fue para los docentes antiguos, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, para quienes escalar salarialmente dependía incluso de “cursos” y diplomados.
Aunque por ser normalista superior Marcela tiene el salario de un técnico, aspira “pasar” esta prueba para dignificar su labor. Reconoce sus estudios de maestría como una herramienta en su labor docente, y aunque asumiendo la docencia como ese escenario en el que se permite pensar, asegura que “en este momento histórico, más que emitir un montón de conocimientos, se trata de cómo formamos seres humanos. Capacitarse hace del ‘profe’ una mejor persona y eso influye en los estudiantes; muchas veces pasamos más tiempo con ellos que sus propios padres, esa formación humana tiene que reincidir en ellos. Considero que cuando un docente se capacita, asume ‘con toda’ su profesión y eso debería ser valorado económicamente”.
*Nombre cambiado a petición de la docente
